Toluca, Méx.- Diputados locales analizaron la iniciativa para expedir la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, que dijeron fortalece la lucha contra la corrupción y el servicio civil de carrera, y se pronunciaron por ampliar sus servicios en la zona norte, mayor accesibilidad para personas con discapacidad y servicios de traducción para indígenas, incorporar el lenguaje incluyente y el principio de paridad en la conformación de los órganos jurisdiccionales, emitir opiniones respecto de la constitucionalidad de actos del Ejecutivo y el Legislativo, así como eliminar el haber de retiro, entre otras.
El titular del Poder Judicial expuso que la norma vigente no ha sido actualizada en 30 años, por lo que ya no corresponde a la realidad actual.
Faustino de la Cruz Pérez expuso el comunicado sobre la propuesta de reforma al artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial presentada por Trinidad Franco Arpero para establecer la paridad de género en la selección de quienes encabezan las magistraturas y los juzgados, pues el equilibrio entre géneros dará mayores garantías en la impartición de la justicia, que se suma al análisis.
Enrique Jacob Rocha destacó los planteamientos en materia de justicia electrónica, a fin de llevar a cabo en línea procedimientos para eliminar costos, brindar certidumbre y confianza al usuario y cerrando el paso a prácticas deshonestas.
El coordinador del PRI, Elías Rescala Jiménez, apuntó que se trata de una ley vanguardista, que toca temas importantes, como la Sala Indígena, y la Visitaduría General, que fortalece al Poder Judicial y lo hace sólido en la lucha contra la corrupción.
La coordinadora del PVEM, María Luisa Mendoza Mondragón, aplaudió el servicio civil de carrera, pero señaló la ausencia de juzgados y de instancias de conciliación en la zona norte de la entidad.
El coordinador del PT, Sergio García Sosa, pidió más acciones en materia de accesibilidad para personas con discapacidad y que los documentos sobre asuntos de los pueblos indígenas se traduzcan a sus lenguas.
Rigoberto Vargas, coordinador de Nueva Alianza, expresó su disposición de abonar y apoyar la nueva ley del PJEM,
Gerardo Ulloa Pérez destacó que se plantee como atribución de la Sala Constitucional emitir opiniones respecto de la constitucionalidad de actos del Ejecutivo y el Legislativo.
Mario Ariel Juárez Rodríguez propuso que no se omita la restricción de que un magistrado retirado, al incorporarse a otro cargo en el servicio público, deje de recibir el haber de retiro y que no se eliminen ciertos requisitos para ser perito.
Jesús Izquierdo Rojas dijo que la iniciativa fortalecerá el andamiaje normativo del Poder Judicial; Isabel Sánchez Holguín sugirió incluir lenguaje incluyente, no sexista y no discriminatorio y que se incorpore el principio de paridad en la conformación de los tribunales y salas colegiados, la Sala de Asuntos Indígenas, la Sala Constitucional y el Consejo de la Judicatura.
Paola Jiménez Hernández celebró que grupos vulnerados por muchos años hoy estén en el centro del Poder judicial con iniciativas de vanguardia y recalcó que con esta ley se hace justicia a una deuda histórica con las mujeres.
Ingrid Schemelensky Castro consideró importante que los trabajadores tengan la perspectiva del interés superior de la niñez.
El magistrado Ricardo Sodi Cuellar destacó la propuesta para integrar una Sala de Asuntos Indígenas, donde los asuntos se analizarán con perspectiva pluriétnica y pluricultural; el establecimiento de un sistema de jurisprudencia por precedentes, que unifique criterios para ofrecer certeza jurídica; el fortalecimiento el servicio de carrera con exámenes y procedimientos confiables y sin corrupción, y la creación de juzgados de competencia mixta.
Subrayó el fortalecimiento de la justicia electrónica, la creación de una Visitaduría General que tenga como función la revisión de los aspectos jurisdiccionales para evitar corrupción en la impartición de justicia, y la apertura de espacios de participación ciudadana.
